¿Por qué tras la bandera de la lucha contra el fraude se agazapa una subida del Impuesto sobre el Patrimonio?

Desde que accedió al poder el actual Gobierno, ya en mayo de 2018, ha venido tramitando dos leyes dentro del ámbito fiscal: una de lucha contra el fraude, y otra de modificación de diferentes impuestos (modificación es un eufemismo, en todos los casos es una subida.

Esas modificaciones incluían, por ejemplo, una subida en las tarifas de gravan el ahorro, un nuevo gravamen a los dividendos entre empresas y a la tributación de las ganancias obtenidas por transmisión de participaciones, y un nuevo criterio de valoración de inmuebles … y casi todo ha quedado aparcado con motivo de la actual crisis.

La semana pasada se publicó un nuevo Proyecto de Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, que trata cosas como los nuevos límites para pagos en efectivo entre empresarios (pasan de 2.500 a 1.000 euros), la tributación de los unit linked, de los bienes recibidos en un pacto sucesorio y diversas medidas de fiscalidad internacional. En nuestro próximo boletín incluiremos un breve análisis de las medidas que pueden tener más interés.

Pero en esa misma norma se ha colado una subida de Impuesto sobre el Patrimonio que además de incrementar la cuota a pagar provocará que el número de contribuyentes por este impuesto se incremente. Hasta ahora los bienes inmuebles en Impuesto sobre el Patrimonio se valoran por el mayor de estos tres valores: el catastral, el comprobado por la Administración a efectos de otro impuesto (generaciones Sucesiones y Donaciones o Transmisiones Patrimoniales) y el precio efectivamente pagado. Esto supone que muchos inmuebles adquiridos hace años por valores muy reducidos se integren en la base imponible del Impuesto sobre el Patrimonio por ese valor y permitan, bien que no haya obligación de presentar declaración, bien que la cuota a pagar sea muy reducida.

El problema ahora es que se incluye un cuarto criterio de valoración: el valor de mercado. Como va a ser imposible calcular un valor de mercado para cada inmueble, con toda probabilidad serán las Comunidades Autónomas las que calculen ese valor de mercado y, como casi siempre, ese valor de mercado fijado por la administración será superior al que realmente se puede obtener en el mercado.

Veremos cómo evoluciona este asunto, pero tiene mala pinta, porque es complicado votar en contra de una ley de lucha contra el fraude.