Ayer 30 de junio el Congreso de los Diputados aprobó el texto definitivo de la Ley de Lucha contra el Fraude, que previsiblemente será publicada mañana viernes en el BOE y entrará en vigor el sábado, aunque hay algún punto concreto que deberá esperar al próximo 1 de enero.

Han sido tres años de tramitación parlamentaria durante los cuales la norma se ha ido modificando, pero a grandes rasgos lo que contiene es:

  • Una autorización a la inspección para que inicie las inspecciones en el domicilio del contribuyente sin previo aviso, como se venía haciendo hasta que hace unos meses el Tribunal Supremo consideró que ese comportamiento era una extralimitación. Han tardado poco en arreglarlo.
  • Se endurece la tributación de las SOCIMI y se incrementa el control sobre las SICAV, de forma que muchas de ellas dejarán de aplicar el régimen especial hasta ahora en vigor.
  • Se baja el límite de pagos en efectivo entre empresa de 2.500 a 1.000 euros.
  • Se crea un valor de referencia de inmuebles, que fijará el catastro (¿para qué sirve el catastral?) que servirá para fijar la base imponible en Impuesto sobre el Patrimonio, Impuesto de Sucesiones y Donaciones e Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. En nuestra opinión el principal impacto se va a producir en Impuesto sobre el Patrimonio, donde el incremento de la base imponible (hasta ahora muchas veces los inmuebles entraban por el valor catastral o por un coste de adquisición muy inferior al valor de mercado) supondrá un incremento de la cuota y un incremento del número de declarantes.
  • Se incrementa el control sobre las criptomonedas.
  • Se amplía el concepto de paraíso fiscal, incluyendo a efectos prácticos aquellos territorios que suministran información escasa.
  • Se modifica la tributación de la transmisión de activos adquiridos por pacto sucesorio de presente, de forma que el coste de adquisición de estos bienes a efectos de calcular la variación patrimonial en una transmisión será el que tenía en sede del transmitente durante un plazo de cinco años o hasta que fallezca el transmitente.

En definitiva, lo que veníamos barruntando desde hace meses. Toca estudiar y revisar planteamientos de cara al futuro.

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