Hemos venido hablando de este tema en los últimos años, y particularmente en diciembre avisábamos de que el proyecto había retomado fuerza y probablemente entraría en vigor el 1 de julio de 2025.

La noticia hoy es que no hay noticia o, lo que es lo mismo, que es posible que la entrada en vigor se retrase, ya que la publicación de la normativa que estaba prevista para el primer semestre de 2024 no ha tenido lugar, y eso supone un retraso en el calendario de implantación de los dos procesos de digitalización que se nos vienen encima.

Por un lado, el llamado VERIFACTU, consistente en un sistema de comunicación inmediata a la AEAT de las facturas emitidas, en una versión modificada del actual SII. Su implantación estaba prevista para el 1 de julio de 2025, pero es probable que se retrase.

Por otro, el proyecto de implantación de la factura electrónica obligatoria, con un objetivo que trasciende lo fiscal y pretende promover la digitalización de las empresas y reducir la morosidad privada (que no la pública). Este nuevo sistema obligará primero a emitir factura electrónica obligatoria a todas las empresas (según tamaño el 1 de julio de 2025 o el 1 de julio de 2026) y después a informar sobre el estado de cada factura recibida (aceptada o no), y del momento en el que se paga. El plazo previsto de entrada en vigor de esta obligación era el 1 de enero de 2027 o 2028, pero parece que el retraso de las primeras fases del proceso retrasará las demás.

¿Hasta cuándo? Difícil de saber, porque no hay ninguna razón conocida que lo justifique.

Como advertíamos en diciembre estos cambios van a obligar a modificar la forma de trabajar de todas las empresas; aquellas que ya tengan sistemas de facturación electrónica tendrán que adaptarlos al “lenguaje universal” que va a proponer la AEAT; las que no tendrán que implantarlo. Y todas tendrán que cambiar la forma de trabajar.

Que el retraso no nos haga bajar la guardia, no sería la primera vez que luego la implantación toma impulso y nos toca correr. El SII es un buen ejemplo.