Aunque es una medida que deberá ser refrendada por las autoridades europeas el Gobierno de España pretende que los préstamos ICO alarguen su plazo de amortización hasta alcanzar los 8 o 10 años, con el objetivo de facilitar la viabilidad de empresas que pudieran verla peligrar por esos plazos de amortización demasiado cortos.

Esta medida se añade a las adoptadas en el Código de Buenas Prácticas que regula el marco de renegociación de las condiciones de la financiación de clientes con préstamos con aval público y que estará vigente hasta junio de 2023 para la solicitud de transferencias.

Esta medida fue aprobada mediante resolución de 27 de junio de 2022 y fue publicada en el BOE el pasado día 30. Podéis consultar el texto completo en el siguiente enlace: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-10809

Por nuestra parte advertir que esa decisión de extensión de plazo no siempre es adecuada, porque hemos visto como en ocasiones anteriores ha podido ir acompañada de restricciones para obtención de nueva financiación.

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